Generador de carta de consentimiento informado

El derecho está en la Ley General de Salud. Los usuarios tienen derecho «a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen» (artículo 51 Bis 1) y «a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos»; en caso de urgencia o de incapacidad transitoria o permanente, la autorización la da el familiar que lo acompañe o su representante legal, y si no es posible, el prestador procede de inmediato para preservar la vida y la salud dejando constancia en el expediente clínico (artículo 51 Bis 2). La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022 añadió a ese artículo la definición del consentimiento informado como «la conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud», la obligación de todos los prestadores, públicos o privados, de comunicar «de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de tratamiento», el derecho de aceptar o rechazar los servicios una vez garantizada la comprensión, la obligación de implementar apoyos y ajustes razonables para que la voluntad y las preferencias de niñas, niños y adolescentes se tomen en cuenta, y una advertencia útil: «No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace». En el sistema público, los beneficiarios de la prestación gratuita tienen expresamente el derecho a decidir libremente sobre su atención, a otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos, y a ser tratados con confidencialidad (artículo 77 bis 37, fracciones VIII a X). La Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes, elaborada bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en diciembre de 2001, resume lo mismo en dos de sus diez puntos: decidir libremente sobre la atención y otorgar o no el consentimiento válidamente informado, «siempre por escrito», ante procedimientos que impliquen riesgo.

La forma la fija la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos de los sectores público, social y privado, «incluidos los consultorios» (numeral 2). Su numeral 10.1 dice qué debe contener como mínimo la carta —nombre de la institución y del establecimiento, título, lugar y fecha, acto autorizado, riesgos y beneficios esperados, autorización para atender contingencias y urgencias «atendiendo al principio de libertad prescriptiva», nombre y firma del paciente o de su familiar más cercano en vínculo, tutor o representante legal, nombre y firma del médico que informa y nombre y firma de dos testigos (10.1.1)—, cuáles son los eventos mínimos que la exigen (10.1.2), que pueden obtenerse cartas adicionales sin formato impreso obligatorio (10.1.3) y que en las urgencias se aplica el artículo 81 del Reglamento (10.1.4). Ese Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica obliga a todo profesional de la salud a dar al usuario, o a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento (artículo 29); en los hospitales exige autorización escrita y firmada al ingreso, que «no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento que entrañe un alto riesgo» (artículo 80); en la urgencia o la incapacidad, la firma del familiar más cercano en vínculo, tutor o representante, y a falta de ellos la decisión de al menos dos médicos con constancia en el expediente (artículo 81); fija el contenido del documento —institución, establecimiento, título, lugar y fecha, nombre y firma de quien autoriza y de los testigos, «impreso, redactado en forma clara, sin abreviaturas, enmendaduras o tachaduras» (artículo 82)—; y para amputaciones, mutilaciones o extirpaciones que produzcan una modificación permanente exige además dos testigos idóneos designados por el interesado (artículo 83). Para la salpingoclasia y la vasectomía pide autorización expresa y por escrito previa información (artículo 119). La carta firmada forma parte del expediente clínico, que es propiedad del prestador pero sobre cuya información el paciente tiene derechos de titularidad, y se conserva al menos cinco años desde el último acto médico (NOM-004, numeral 5.4).

Quién informa y quién decide. La carta la firma el profesional que informa y recaba el consentimiento; para ejercer la medicina, la odontología, la psicología, la enfermería y las demás profesiones de la salud se requiere título legalmente expedido y registrado (Ley General de Salud, artículo 79) y esa cédula debe constar en los documentos del ejercicio profesional (artículo 83). Del lado del paciente, decide él; cuando no puede, la NOM-004 y el Reglamento llaman al familiar más cercano en vínculo, al tutor o al representante legal, y en el caso de niñas, niños y adolescentes la ley obliga a implementar apoyos y ajustes adecuados a su edad para que su voluntad y sus preferencias se tomen en cuenta (artículo 51 Bis 2): por eso, cuando firma un representante, el formato conserva una línea de firma o asentimiento del paciente. En salud mental la ley es todavía más explícita —derecho al consentimiento informado sobre el tratamiento, a mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y a la confidencialidad (artículo 74 Ter), y todo tratamiento «previo consentimiento informado» con presunción de capacidad de discernir (artículo 75 Bis)—; el generador de consentimiento para psicología desarrolla ese caso. Y desde la reforma publicada en el DOF el 15 de enero de 2026, los servicios de telesalud deben «incorporar mecanismos para la obtención del consentimiento informado en la prestación de servicios de salud a distancia, garantizando comprensión y voluntariedad» y documentar las atenciones a distancia (artículo 71 Septies, fracciones III y IV): el texto base de teleconsulta está pensado para eso.

La carta contiene información de salud, y esa información es dato personal sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025 —«estado de salud presente o futuro» (artículo 2, fracción VI)—, cuyo tratamiento exige el consentimiento expreso y por escrito del titular «a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación» (artículo 8), salvo, entre otros casos, cuando los datos sean indispensables para la atención médica y el titular no esté en condiciones de otorgarlo, bajo secreto profesional (artículo 9, fracción VI); y el responsable debe informar el tratamiento mediante el aviso de privacidad (artículo 14), que este documento no sustituye. Dentro del expediente, los datos del paciente están sujetos al secreto médico profesional y solo se entregan a terceros con solicitud escrita del paciente, del tutor o representante legal, o de la autoridad competente (NOM-004, numerales 5.5.1 y 5.6). Por eso el generador no envía nada a ningún servidor: la carta se arma y se imprime en tu navegador. Quedan fuera de este formato los consentimientos con régimen propio, como el de la investigación en seres humanos —por escrito, del sujeto o de su representante legal, tras conocer objetivos y consecuencias (Ley General de Salud, artículo 100, fracción IV)— y el de la donación de órganos y tejidos, que tienen sus propias reglas y sus propios formatos.