Generador de consentimiento informado odontológico

La Ley 20.584 de 2012 es la norma general. Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por el profesional tratante acerca de su estado de salud, del posible diagnóstico, de las alternativas de tratamiento disponibles y de sus riesgos, del pronóstico esperado y del proceso previsible del postoperatorio, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional (artículo 10). Con esa información puede otorgar o denegar su voluntad en forma libre, voluntaria, expresa e informada; el proceso es verbal por regla general y por escrito en las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y los que conllevan un riesgo relevante y conocido para la salud, con constancia en la ficha clínica, y la firma en el documento explicativo hace presumir que la información se entregó (artículo 14). No se requiere la manifestación de voluntad ante un riesgo para la salud pública, ante un riesgo vital o de secuela funcional grave que exija atención inmediata cuando no es posible obtener el consentimiento del paciente ni de su representante, ni cuando no puede manifestar su voluntad y no hay representante (artículo 15). El Decreto Supremo 31 de 2012 reglamenta la entrega de información y define como procedimiento invasivo el que, involucrando solución de continuidad de piel o mucosas o acceso instrumental a cavidades naturales con técnicas estériles, produce dolor que hace necesaria sedación o anestesia (artículo 2).

El Código de Ética del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. (versión 2020) completa la ley para la profesión. Exige la aceptación escrita del tratamiento propuesto una vez establecidos el diagnóstico, el pronóstico y el plan, y una declaración de consentimiento informado antes de iniciar acciones invasivas (artículo 11); prohíbe intervenir quirúrgicamente sin consentimiento, salvo urgencia, e impone informar antes de toda intervención invasiva el estado de salud, el diagnóstico, las alternativas, los riesgos, el pronóstico y el postoperatorio previsible (artículo 12); exige información de calidad durante todo el tratamiento —riesgos, contingencias, efectos adversos, complicaciones, limitaciones, secuelas, pronóstico y eventuales fracasos—, con constancia en la ficha clínica, y prohíbe delegar esa información en personal auxiliar o administrativo (artículo 16); obliga a ofrecer todas las opciones terapéuticas con sus ventajas, desventajas, pronóstico, complicaciones, limitaciones y costos (artículo 17); reconoce la libertad del paciente para aceptar o rechazar las opciones y su derecho a copia de la ficha y de los estudios radiográficos (artículo 18); y pide que las decisiones clínicas en menores, adultos mayores y personas con discapacidad sean compartidas y aceptadas por la persona o institución responsable del paciente (artículo 25).

El documento firmado forma parte de la ficha clínica. El Decreto Supremo 41 de 2012, reglamento sobre fichas clínicas, incluye los consentimientos informados y los rechazos de tratamiento en su contenido mínimo (artículo 6, letra d), exige identificar y firmar cada registro (artículo 7) y ordena conservar la ficha al menos quince años desde el último ingreso de información (artículo 11); el Código de Ética del Colegio remite a ese decreto para registrar, almacenar y eliminar las fichas y considera grave vulneración ética alterar los registros a posteriori (artículo 20). Con niños, niñas y adolescentes, la Ley 20.584 reconoce el derecho del menor a ser oído respecto de los tratamientos y a optar entre sus alternativas según su edad y madurez, sin perjuicio de las facultades de sus padres o representante (artículo 14): por eso el formato imprime una línea de asentimiento del paciente cuando firma un representante.

Toda la información de la ficha clínica es dato sensible (Ley 20.584, artículo 12) y su acceso por terceros está restringido (artículo 13). La Ley 19.628 considera datos sensibles los estados de salud (artículo 2, letra g) y limita su tratamiento (artículo 10); la Ley 21.719 de 2024, que la reforma, rige desde el 1 de diciembre de 2026. El Código de Ética del Colegio prohíbe al cirujano dentista y a su personal divulgar información del paciente sin su autorización expresa por escrito (artículo 24). Por eso el generador no envía nada a ningún servidor, y la autorización de fotografías del texto base se limita al diagnóstico y el seguimiento.